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¿Se acuerdan del conocimiento y la tecnología?

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El suplemento Dinero de La Vanguardia del pasado Domingo, 2 de Marzo, contiene varios apuntes coincidentes sobre lo que podría o debería ser la política económica en España, apuntando todos ellos a un déficit de productividad.

Para empezar, el catedrático de Política Económica Eduard Berenguer apunta que:

«La desaceleración prevista para este año no es más que el producto del agotamiento del modelo de crecimiento para la economía española […] vinculado en exceso al crecimiento del sector inmobiliario y a la utilización intensiva de mano de obra poco cualificada. […] Bajo la mirada benigna de los bancos centrales ante la evidente inflación de activos […] el sector privado se ha comportado de la misma manera que antes lo hacía el sector público, incrementando la inversión y el gasto con un recurso permanente al endeudamiento«.

La solución pasaría por:

«Sustituir un modelo de inflación de activos y recurso permanente al endeudamiento crecimiento de la demanda agregada sobre la base del crecimiento de los salarios vinculados a mejoras de la productividad […] Necesitamos ser más competitivos y ser capaces de generar nuevas actividades con un mayor valor añadido».

No lo cito porque sea novedad, sino por la coincidencia de que, pocas páginas más allá, el también economista Alfredo Pastor diagnostica, en la misma línea, que:
«El gran objetivo de la política económica […] se resume en ayudar a mejorar la productividad de nuestra economía, sobre todo teniendo en cuenta que ésta ha experimentado un crecimiento negativo, en promedio, durante la última década».
Por si hiciera falta remachar el clavo, en una entrevista con el Premio Nobel de Economía Robert Solow éste nos recuerda a todos que:
Pase lo que pase con la globalización, el nivel de vida de un país jamás caerá por debajo de su productividad. Es sólo una cuestión de qué parte de la economía da mejores resultados.

Cabría añadir, porque pocas veces se recuerda, que el fenómeno se da también en sentido contrario. A medio plazo, el nivel de vida de un país no puede crecer por encima de la productividad. (Y el nuestro lo ha hecho, luego habrá una corrección).

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Discursos enmarcados

lakoff-psoe.jpgLa incorporación de Georges Lakoff y su propuesta de «marcos mentales» al aparato de campaña del PSOE me da pie a seguir coleccionando apuntes que confluyen hacia la «falta de discurso» en varios ámbitos relevantes de nuestra sociedad.

Los frames (marcos) son estructuras mentales que conforman el modo en que vemos el mundo. Conforman los objetivos que perseguimos, los planes que hacemos, el modo en que actuamos y lo que cuenta como un buen o mal resultado de nuestras acciones […]

También conocemos los frames por medio del lenguaje. Todas las palabras están definidas en relación a frames conceptuales. Cuando oímos una palabra, se activa en nuestro cerebro su frame o su colección de frames.

Cuando me crucé con este concepto por primera vez, me interesó explorar cómo usarlo para encontrar formas alternativas de promover en nuestro entorno la «sociedad de la información», un concepto «inespecífico y engañoso» (Manuel Castells dixit), con el que como mínimo la mitad de nuestra sociedad, y me temo que una mayor proporción de líderes sociales (públicos y privados) no ha llegado a conectar.

Quizá porque lo que en el fondo está sucediendo es que la «falta de relato» sobre la sociedad de la información no sólo tiene que ver con el modo en que explicamos las tecnologías, son una carencia más amplio de relato en el ámbito general de la sociedad.

Aportaré hoy dos síntomas adicionales. El primero lo apunta Vicens Villatoro escribiendo en El País del Viernes 7 de Diciembre sobre la manifestación sobre el «derecho a decidir» del 1 de Diciembre en Barcelona. Centrada, por lo menos nominalmente, sobre los problemas de las infraestructuras (físicas, añadiría yo) en Cataluña.

Era en su convocatoria y fue en su realización una manifestación de los ciudadanos que creen que tras los problemas de infraestructuras existe, como origen y matriz, un problema político, una estructura injusta del Estado, un déficit de poder político y de inversión de dinero público. […]

El mensaje (bien articulado, como es su costumbre) de Villatoro es que:

Una de las funciones de la política es dar sentido a los hechos: tejer un relato creíble sobre por qué pasa lo que pasa.

Pero la coincidencia de los políticos asistentes acerca de ese relato se limitaba a la identificación de «Madrid» como responsable. Era por tanto, en lo fundamental, un discurso en negativo. Por la carencia creo yo, de un discurso lo bastante sólido en positivo. Que pienso que tampoco tienen los partidos que escogieron no respaldar la manifestación.

Carencia de relato –> Déficit de credibilidad –> Desafección

¿Es éso lo que está pasando? Con una consideración adicional: para construir el relato y el proyecto de «nuestra» sociedad de la información, o como queramos llamarla, la responsabilidad y la influencia (positiva y negativa) de «Madrid» es cercana a cero.

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Ahora bien, esta «nuestra» carencia no es exclusiva ni de Cataluña ni de España. Por lo menos según la opinión del (radical) filósofo esloveno Slavoj Zizek publicada en El País de hoy,

¿Y qué pasa si el verdadero problema [… es …] la melodía en sí, la canción de la unidad europea que nos interpreta la élite tecnocrática de Bruselas? Lo que nos hace falta es una nueva melodía central, una nueva definición de Europa. El problema [… procede …] de la confusión sobre qué es Europa. El punto muerto experimentado por la Constitución europea es una señal de que el proyecto busca su identidad. […] La lección está muy clara: el populismo fundamentalista está llenando el vacío creado por la ausencia de un sueño de izquierdas.

Que cada uno decida en qué ámbitos más cercanos podría aplicarse una conclusión similar. Mi primera reacción, precisamente desde el respeto por el personaje, es la preocupación que me genera el hecho de que un académico e investigador como Lakoff, que en EEUU defiende la acción desde la base («grassroots»), acepte asesorar a la «maquinaria» de un partido político, incluso si es el PSOE. Porque se me antoja que el comentario de Zizek sobre las «elites tecnocráticas» sería aplicable a la maquinarias de los partidos. Suprimiendo, tal vez, el calificativo de «tecnocráticas».

La alternativa aparente sería encender luces nuevas, activar un movimiento «grassroots». Para la política en general. O, como mínimo, para las políticas de sociedad de la información. Cómo hacerlo, ésa es otra cuestión.

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El retorno de la cuestión de la fibra

localret.jpgEstá disponible en la página Web de Localret la documentación de su 10ª Asamblea, celebrada hace pocos días en Barcelona.

Se trata en mi opinión, de un conjunto de documentos muy relevante, que expone de forma transparente la posición de este organismo municipalista sobre el impulso a la sociedad de la información y al despliegue de infraestructuras de telecomunicación en Cataluña.

Los posicionamientos razonados y estructurados sobre estas cuestiones no abundan ni en Cataluña ni en España, ni en el ámbito de las administraciones ni de los organismos de la sociedad civil. Por tanto, además de reconocer la aportación que suponen los documentos de Localret, parece más que adecuado fomentar su análisis y debate en círculos lo más amplios posibles.

No éste el momento ni el espacio para iniciar este debate. Me limitaré por tanto a sólo tres consideraciones.

La primera se refiere la resolución de Localret instando a un «nuevo acuerdo parlamentario que suponga un nuevo impulso a la sociedad de la información en Cataluña«, que se basaría en tres pilares (cito textualmente):

  • Las infraestructuras y los servicios de telecomunicaciones en todas las ciudades y pueblos catalanes. Equilibrio territorial.
  • La modernización de las administraciones locales catalanas. Equilibrio territorial.
  • Introducción de las TIC en las actividades económicas y sociales. Competitividad económica local.

Sólo apuntaría dos matizaciones sobre la conveniencia indudable de este acuerdo. La primera es que no tendría por qué limitarse al ámbito parlamentario. Sobre todo (y ésta sería la segunda) por el precedente de que el último documento estratégico «oficial» sobre el impulso a la sociedad de la información en Cataluña, elaborado en 1998 por el entonces Comisionado de la Generalitat Miquel Puig y por Localret, nunca llegó a ser formalmente aprobado por el Parlament ni por el Govern. Un precedente a tomar en cuenta.

dsc01359_2.jpg En segundo lugar, tengo la impresión de que el contexto de las propuestas actuales de Localret tiene analogías muy potentes con el que propició su fundación hace diez años. La perspectiva del despliegue del cable fue entonces un acicate para el posicionamiento activo de las administraciones locales sobre las telecomunicaciones. Parece que ahora la perspectiva del despliegue de la NGN, de las redes de banda ancha de nueva generación, está teniendo un efecto comparable.

No hay un balance explícitamente compartido sobre la política de las administraciones catalanas al respecto del cable (el mío propio está publicado en un documento de investigación de la UOC y en mi tesis doctoral). Pero sería en cualquier caso interesante que se tomaran en cuenta los éxitos y los errores de ese proceso anterior, tanto en el contexto de las administraciones como el de la sociedad civil.

Incluyendo, y este sería mi tercer y último punto, el evitar planteamientos que podrían calificarse como «tremendistas». Como la aseveración, que la nota informativa de Localret pone en boca de su Presidente, el Alcalde de Terrassa Pere Navarro, de que se «ha constatado que en dos terceras partes del territorio catalán, sin la colaboración de la administración, no llegará nunca la banda ancha«. Una afirmación que, tomada al pie de la letra y sin matices, choca con la constatación de que el despliegue actual de la banda ancha (cable y ADSL) alcanza a mucho más de un tercio del territorio.

P.S. Finalmente, sólo me queda recomendar a los interesados en estas cuestiones que consulten, estudien y debatan las respuestas publicadas en la Web de la CMT sobre la consulta de la Comisión al respecto de las redes de acceso de fibra óptica de nueva generación. Que incluyen las de administraciones catalanas como Localret y la Generalitat. Aunque se constate la ausencia de comentarios de organizaciones empresariales y de la sociedad civil catalana no relacionadas directamente con el sector TIC.

Que me da pie para acabar con una pregunta abierta

¿Cómo interpretar esa ausencia? ¿Cómo valorarla? ¿Cómo corregirla, si fuera necesario?

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Disparidades sobre las políticas de red

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El País de hace unos días, bajo el titular de la figura, anunciaba que :

La Generalitat se dispone a discutir una proposición de ley para desplazar a Red Eléctrica Española de la red de transporte en las ciudades catalanas tras la crisis de julio

El Consell Executiu de la Generalitat aprobó una proposición de ley que, según El País, «permitirá la expulsión de Red Eléctrica de las grandes ciudades catalanas. Establece que la red eléctrica tiene que estar mallada, es decir, que cada centro de transformación dentro de la ciudad debe estar conectado al menos por tres puntos. Pero también, y esto es lo importante, que los cables eléctricos soterrados de 220 kilovatios que transiten por municipios con más de 20.000 suministros y sus instalaciones subsidiarias (hoy de REE) serán titularidad de las empresas distribuidoras (es decir, de Endesa)».

Lo traigo a colación porque estas semanas se está debatiendo en Europa si se obliga a algunas operadoras de telecomunicaciones a la separación funcional de sus redes y servicios. Algo que en lenguaje comercial corriente, sería la separación funcional entre la organización que presta servicios al mayor y la que vende directamente a clientes finales. Parece ser que la idea es que romper la integración vertical de los operadores tradicionales sería beneficiosa para la competencia en el sector de telecomunicaciones.

Lo curioso del caso es que precisamente la separación, en este caso estructural, de las redes eléctricas de alta tensión de las redes de distribución tenía también este objetivo. Aunque, en el caso del gran apagón del pasado verano en Barcelona, esta separación fue justamente la que permitió que Endesa y Red Eléctrica atribuyeran cada una la responsabilidad a la otra parte.

La propuesta de la Generalitat, modificando los límites de esa separación de redes, podría interpretarse, me parece a mí, como el deseo de primar la responsabilidad y la eficiencia por encima de la competencia.

Cuando se habla ahora de la separación funcional en las redes de telecomunicaciones, o cuando se propone (sin consenso todavía) concentrar en un único operador la responsabilidad de las inversiones en las nuevas redes de fibra óptica, separando también los roles del operador de infraestructuras y de los distribuidores, sería tal vez razonable tener en mente la propuesta de la Generalitat y el incidente del apagón que la propició.

Sobre todo entre los que hacen, creo que demasiado a la ligera, analogías directas entre las infraestructuras de telecomunicaciones y las de energía o de transporte.

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Hace falta un liderazgo. ¿Dónde lo buscamos?

Continúo con la cuestión, iniciada en un ‘post‘ anterior, sobre la «ideología» subyacente a (algunas de) las propuestas sobre infraestructuras.

En lo comentado hasta ahora, mi discurso se ha centrado en argumentar que, supuesto que haya un consenso sobre la necesidad de renovar las infraestructuras de comunicaciones, es un consenso retringido a círculos muy limitados. Que no abarca ni mucho menos a todos los que habrían de estar implicados en la renovación de las infraestructuras.

A este respecto, en los últimos ‘post’ hacía referencia a la cuestión de las infraestructuras que están más allá de las redes de los operadores, en el interior de los edificios, de las urbanizaciones o de los polígonos, dentro de casa de los usuarios.

Ese consenso sería conveniente, pero no se producirá de modo espontáneo. Seguramente por ello el «ilustrado-TIC» al que nos venimos refiriendo reclamaba:

un liderazgo político que sin distorsionar el marco de competencia establezca como prioridad la implantación de nuevas redes.

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Una manifiestación ideológica, por cuanto da por sobreentendidos, sin nombrarlas, dos juicios de valor:

  • Que es la clase política (y no, por ejemplo, la iniciativa privada) quien ha de ser responsable de liderar la generación del consenso y los programas de actuación que de ello se deriven.
  • Que un participación activa de la clase política «garantiza» el éxito del empeño.

La primera de estas cuestiones nos llevaría a la cuestión de cuál es el grado óptimo de intervención pública, en este caso en las telecomunicaciones. Un asunto espinoso. De todos modos, no evitaré mencionar que el caos de estos días en los ferrocarriles de cercanías y las obras del AVE puede ser un motivo de reflexión. No sólo por el modo en que se acabó tomando la decisión de que el AVE atraviese Barcelona, sino porque el conjunto de la obra es de iniciativa pública. Lo que no ha evitado los resultados ni la falta de consenso sobre objetivos, trazados y prioridades que estos días observamos.

Sobre lo segundo, consciente del riesgo de ser muy políticamente incorrecto, creo que es necesario traer a colación la historia del apoyo público al despliegue del cable en Cataluña durante los años 90. He escrito (ver aquí) más extensamente sobre esta cuestión, por lo que no me extenderé aquí. Sólo para señalar que, a pesar del apoyo institucional de las administraciones catalanas al despliegue del cable, que fue incluso el motivo formal de la constitución de Localret, la tasa de cobertura de la red de cable en Cataluña es de las más bajas de España (como se muestra en la figura adjunta, extraída de un documento reciente de la CMT).

Mejor, por hoy, dejarlo aquí sin más comentario.

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Renovar las redes acaba en el salón de casa

Continuación de los dos ‘post’ anteriores sobre la temática del consenso (o no) sobre la necesidad de renovación de las redes de telecomunicaciones.

Supongamos que aceptamos como un punto de partida aceptable la conclusión de la última entrega:

Hay un consenso entre los expertos (de telecomunicaciones) en la necesidad de renovar la(s) red(es) de telecomunicaciones fijas.

Supongamos también que aceptamos que la renovación más drástica habría de tener lugar en los accesos de usuario a la red, los cables que conectan los domicilios de los usuarios con las centrales de los operadores. Esos cables, que en su mayoría son hoy hilos de cobre, se sustituirían por fibras ópticas. El objetivo sería hacer posible la oferta de servicios de un ancho de banda mucho mayor que los que hoy se ofrecen. En vez de los 3 megas o los «hasta 20 megas» se podrían contratar 100 megas reales, o más.

Orillemos por un momento la cuestión de si existe (o no) consenso sobre el precio a que se ofrecerían estas conexiones a 100 megas; una cuestión nada trivial dado que las inversiones para sustituir los hilos de cobre se cifran en miles de millones de euros. Orillemos también de momento la cuestión de si hay (o no) argumentos convincentes sobre cuáles son los servicios que se podrían ofrecer sobre una conexión a 100 megas y sobre el público al que atraerían. Orillemos también la cuestión de ponderar si hay una correspondencia social, política y económicamente aceptable entre las inversiones que se barajan y su rendimiento económico y social.

Porque hay cuestiones mucho más sencillas que están todavía por responder. Como la siguiente.

Si los operadores cambian a fibra óptica las líneas que van desde las centrales a las puertas de los edificios y/o de los domicilios, ¿quién se hará responsable de cambiar también a fibra óptica el cableado interior de éstos?

En buena lógica, tendrían que ser los propietarios o inquilinos de los inmuebles. Porque hemos venido a aceptar durante los últimos años que las redes de los operadores (también las redes eléctricas, las de agua y las de gas) acaban en la entrada de nuestras casas.

Pero,

¿No sería muy aventurado sostener que el consenso que pueda existir entre los ‘telecos’ sobre la necesidad de la renovación de las redes se extiende también a los propietarios de edificios, a los constructores, a los promotores?

Me temo que sí sería aventurado.

Para acabar, y para que no queden dudas. Mi opinión es qué sí es en efecto necesario renovar las redes de telecomunicaciones fijas. Pero también que no hay ni mucho menos, más allá de la comunidad más afín a los ‘telecos’, un consenso suficientemente amplio sobre la prioridad, los plazos, el alcance y la forma de llevar a cabo esa renovación.

Cómo conseguir ese consenso, ésa es otra cuestión.

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¿Hay consenso sobre la necesidad de renovar «la» red de telecomunicaciones fijas?

Primera entrega en el intento de desbrozar la cuestión de la ideología de las infraestructuras enunciada en un ‘post’ anterior. Empezaré analizando  la pregunta del titular.

Propongo una primera definición (para no expertos) de esa necesidad, genérica e incompleta, pero quizá suficiente por el momento:

La(s) red(es) de comunicaciones fijas (la red telefónica convencional y las redes de cable) son hoy por hoy la principal infraestructura para conectarse a Internet.

Los internautas (cada internauta) utilizan cada vez un ancho de banda mayor (más megas, en la jerga comercial).

Hay un límite (digamos de entre 10 y 25 megas) en el ancho de banda que puede sostener el hilo de cobre de la red telefónica. (El límite es mayor en el hilo coaxial en el que terminan las redes de cable).

Por tanto, es necesario renovar la red (por lo menos la red telefónica), cambiando los hilos de cobre por fibra óptica. Un cambio que, dicho sea de paso, requiere una inversión valorada en miles de millones de euros.

Supongamos que todo ésto suena razonable hasta aquí.

¿Cuál es el grado de «consenso» que existe al respecto?

Non tan grande, me temo. De entrada, la mitad de la población no se conecta regularmente a Internet, según parece porque no le interesa lo suficiente. Parece pues razonable concluir que no participan (todavía) del consenso en cuestión.

Otro dato en el mismo sentido. Sólo aproximadamente un tercio de los hogares españoles han contratado una conexión de banda ancha, cuando más del 90% podría hacerlo. Idéntica conclusión.

Aún más. Según parece, una muy pequeña proporción (menor del 10%) de los internautas utiliza la mayor parte de la capacidad de la red (más del 80%). Por tanto, el «consenso» actual incluiría como mucho al 5% de la población (el 10% del 50%).

Propondría pues reformar la frase de partida en la línea de:

Un colectivo del orden 5% de la población podría estar de acuerdo en la necesidad de que se inviertan varios miles de millones de euros en renovar la red telefónica fija.

Me temo que incluso esa aseveración sería optimista. Porque no todos los internautas que componen ese 5% pueden tener formada una opinión al respecto de la cuestión planteada.Y porque algunos de ellos podrían tener otras prioridades (p.e. el acceso a la vivienda) en cuanto al destino de esas inversiones.

Admitiré que no he sido muy riguroso en el razonamiento. Pero supongo que la idea está clara.

Ah! Es posible que todo mi razonamiento sea irrelevante, si es que lo que se pretendía decir es que:

Hay un consenso entre los expertos en la necesidad de renovar la(s) red(es) de telecomunicaciones fijas.

Quizá, o quizá no. Porque quizá los propietarios de la red de cable dirían que la suya no lo necesita tanto. En cualquier caso, puestos a defender una inversión de miles de millones, la opinión de un (pequeño) colectivo de expertos, especialmente si resultara que lo lideraran los profesionales a los que contrataría quien invirtiera esa cantidad, no es exactamente lo mismo que un consenso social.

Para acabar y que no queden dudas. Mi opinión es qué sí es en efecto necesario renovar las redes de telecomunicaciones fijas. Pero también que no hay ni mucho menos un consenso sobre la prioridad, los plazos, el alcance y la forma de llevar a cabo esa renovación.

Suficiente por hoy. Continuará.

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Ideología de las infraestructuras (1)

De vuelta a la cuestión planteada en el ‘post’ anterior, sobre la ideología subyacente a determinadas aseveraciones sobre las infraestructuras de telecomunicaciones, que se presentan como objetivas o neutrales, pero que no lo son (Como tampoco es objetivo este espacio, ni lo pretende).

Desde un punto de vista puramente formal, la aseveración que nos ocupa podría descomponerse para su análisis en fragmentos como los siguientes (hemos puesto en cursivas las que consideramos palabras clave, y en formato indentado las cuestiones en las que proponemos profundizar en entregas sucesivas):

(1) Entendiendo que hay consenso

¿En qué ámbitos? ¿Entre qué colectivos?

(2) en la necesidad de renovar la red de telecomunicaciones fijas

¿Cuál es la red a la que se hace referencia? Hay más de una red de telecomunicaciones fijas.

¿Cuál es la necesidad de renovar? ¿Con qué criterios? ¿Con qué objetivos?

Una red tiene varios componentes (acceso, troncal, infraestructura física, electrónica, sistemas de gestión, etc.). ¿Cuál o cualés son los elementos a renovar?

(3) creemos que hay que corregir el proceso de liberalización

¿Cuál es la valoración desde la que se deduce la conveniencia de corregir? ¿Con qué objetivos?

(4) para garantizar esta renovación […]

¿Cómo se argumenta que corregir la liberalización garantice la renovación de la(s) red(es)?

¿No se han renovado la(s) red(es) incluso dentro del marco de liberalización actual?

(5) El debate (Ver (1)) se centra en determinar cuáles son las decisiones que hay que tomar para conseguir este objetivo […]

¿Qué objetivo? Si es el de renovación, ¿con qué criterios? ¿en qué plazos?

(6) Disponer o no de infraestructuras avanzadas

Avanzadas, ¿con respecto a qué?

(7) sitúa al territorio en posiciones diferentes en el entorno de competencia entre regiones en que nos movemos,

¿Hay datos empíricos que justifiquen esa aseveración? ¿Al respecto de qué infraestructuras?

(8) del mismo modo que sucede con otras infraestructuras.

Las situaciones y los argumentarios en boga al respecto de las infraestructuras de transporte en Cataluña, ¿pueden trasladarse «del mismo modo» a las de telecomunicaciones? ¿Tienen las mismas connotaciones?

(9) Hace falta pues un liderazgo político

¿Por qué político? ¿Sólo político? ¿Por qué no empresarial?

(10) que sin distorsionar el marco de competencia

¿Qué marco de competencia? ¿El actual? ¿El establecido por el proceso de liberalización que se propone revisar (3))?

(11) establezca como prioridad la implantación de

¿Prioridad frente a qué? ¿Frente a otras medidas para el impulso de la economía?¿De la sociedad de la información?

(12)  nuevas redes.

¿Renovar la red (2) para implantar nuevaS redes? ¿O sólo una nueva red? ¿Qué elementos de red?

Mucha tela que cortar. Seguirá en una próxima entrega.

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Un (nuevo) marco mental para las infraestructuras

El último número de la revista del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Cataluña incluye una entrevista a un disintiguido miembro de la profesión, en la que éste hace una serie de manifestaciones que pienso no deberían pasar desapercibidas. Ni aceptarse sin ser como mínimo debatidas. Cito literalmente:

Entendiendo que hay consenso en la necesidad de renovar la red de telecomunicaciones fijas, creemos que hay que corregir el proceso de liberalización para garantizar esta renovación […] El debate se centra en determinar cuáles son las decisiones que hay que tomar para conseguir este objetivo […] Disponer o no de infraestructuras avanzadas sitúa al territorio en posiciones diferentes en el entorno de competencia entre regiones en que nos movemos, del mismo modo que sucede con otras infraestructuras. Hace falta pues un liderazgo político que sin distorsionar el marco de competencia establezca como prioridad la implantación de nuevas redes.

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Lo que me parece más destacable y potencialmente peligroso de estas opiniones es que se presentan como indiscutibles aseveraciones que son inequívocamente de carácter ideológico, entendiendo ideología en el sentido que le daba Louis Dumont,

«Llamo ideología al conjunto de ideas y valores comunes en una sociedad»

«Los elementos de base de una ideología permanecen casi siempre implícitos»

Como en todos los sistemas de razonamiento, si las premisas de partida, en este caso la ideología subyacente, resultan no ser adecuadas, las consecuencias que de ellas se deriven no serán válidas. La dificultad es que debatir o rebatir las conclusiones exige desvelar, debatir y rebatir primero los presupuestos ideológicos, algo que es precisamente lo que en muchos casos se pretende evitar. Y que nunca es tarea fácil porque, como enseñan los manuales de negociación, los verdaderos principios son innegociables.

Cuando, además, las manifestaciones ideológicas se utilizan, como en esta ocasión, para reclamar una actuación política en una determinada dirección (excluyendo otras), el peligro, y por tanto la urgencia del debate de fondo, es mayor.

Intentaré, por tanto, desbrozar en ‘post’ sucesivos más a fondo esta cuestión. Stay tuned.

P.S. Recuerdo, de mis años de estudiante en MIT, haber escuchado en directo a Noam Chomsky comentar lo sesgado del debate aparemente sanguinario entre ‘halcones’ (que defendían usar armas nucleares en Vietnam) y ‘palomas’ (que sostenían que el napalm era suficiente). Un debate que no ponía en tela de juicio la cuestión de fondo, que era el derecho (o no) de EEUU de intervenir en Vietnam. Sé que es un ejemplo extremo, pero espero que sirva para explicar mejor mis intenciones.

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Superar la fase de infraestructuras

Durante los últimos años se ha consolidado de forma tácita en nuestro entorno un discurso que sostenía que la estrategia económica para el futuro de Cataluña ha de abordar dos cuestiones en paralelo: Recuperar el déficit acumulado en las infraestructuras propias de la sociedad industrial y acometer la transformación de la base económica del país para responder a los retos de la economía del conocimiento.

En la práctica, los objetivos relativos a las infraestructuras, que acabaron enmarcándose en el impulso al Estatut y un nuevo acuerdo de financiación, han acabado por eclipsar casi por completo a los relacionados con la competitividad en la sociedad de la información y el conocimiento.

Todos podemos ahora recitar de memoria los grandes proyectos de infraestructuras físicas que se consideran necesarios para Cataluña: Aeropuerto, tren de alta velocidad, cercanías, puerto, cuarto cinturón, etc. Pero la definición de la estrategia de futuro de Cataluña en la sociedad del conocimiento está todavía pendiente. Ni la sociedad civil ni las Administraciones han asumido aún un liderazgo visible en esta materia. Los proyectos en base a los que construir una Cataluña competitiva en la sociedad global de la información están aún por definir, por consensuar y por planificar.

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Este desequilibrio se ha hecho más patente durante estos últimos días, una vez cerrado el acuerdo sobre la financiación del Estatut. La pregunta y respuesta planteada por los titulares de del pasado 23/09 que aquí se reproducen se explica por sí sola.

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No creo que el diario haya preguntado a una representación suficiente de la sociedad civil. Pero sí es cierto que sólo uno de los diez representantes de patronales y sindicatos a que plantea la cuestión, el Secretario General de Cecot, menciona en su respuesta la innovación y la sociedad del conocimiento.

Un síntoma más, no es el primero, de que una buena parte de los estamentos directivos de nuestra sociedad están instalados en la «fractura digital estratégica«. Piensan en clave de economía industrial, pero todavía no en clave de economía del conocimiento. No han incorporado todavía las TIC a sus mapas mentales de futuro.

Algo tendríamos que hacer. Qué y cómo es otra cuestión.

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