Discurso ayer del President de la Generalitat en el Círculo Financiero de Barcelona, sobre el tema “Cataluña: Política y Economía, hoy”. Pongo el ordenador a buscar cuántas veces aparecen palabras como “Tecnología” (ninguna), “Internet” (igualmente ninguna) o “Conocimiento” (tres).

En vez de continuar buscando conceptos aparentemente relegados a un papel secundario, se me ocurre recurrir a Wordle para que emerjan los más utilizados. La imagen habla por sí misma, creo. Crisis, por ejemplo, aparece mucho más destacada que ilusión, optimismo o soluciones; Govern más sociedad o que empresas. En fin, cada cual sacará sus propias conclusiones.

¿Comentarios?

Continúo con la cuestión, iniciada en un ‘post‘ anterior, sobre la “ideología” subyacente a (algunas de) las propuestas sobre infraestructuras.

En lo comentado hasta ahora, mi discurso se ha centrado en argumentar que, supuesto que haya un consenso sobre la necesidad de renovar las infraestructuras de comunicaciones, es un consenso retringido a círculos muy limitados. Que no abarca ni mucho menos a todos los que habrían de estar implicados en la renovación de las infraestructuras.

A este respecto, en los últimos ‘post’ hacía referencia a la cuestión de las infraestructuras que están más allá de las redes de los operadores, en el interior de los edificios, de las urbanizaciones o de los polígonos, dentro de casa de los usuarios.

Ese consenso sería conveniente, pero no se producirá de modo espontáneo. Seguramente por ello el “ilustrado-TIC” al que nos venimos refiriendo reclamaba:

un liderazgo político que sin distorsionar el marco de competencia establezca como prioridad la implantación de nuevas redes.

Una manifiestación ideológica, por cuanto da por sobreentendidos, sin nombrarlas, dos juicios de valor:

• Que es la clase política (y no, por ejemplo, la iniciativa privada) quien ha de ser responsable de liderar la generación del consenso y los programas de actuación que de ello se deriven.

• Que un participación activa de la clase política “garantiza” el éxito del empeño.

La primera de estas cuestiones nos llevaría a la cuestión de cuál es el grado óptimo de intervención pública, en este caso en las telecomunicaciones. Un asunto espinoso. De todos modos, no evitaré mencionar que el caos de estos días en los ferrocarriles de cercanías y las obras del AVE puede ser un motivo de reflexión. No sólo por el modo en que se acabó tomando la decisión de que el AVE atraviese Barcelona, sino porque el conjunto de la obra es de iniciativa pública. Lo que no ha evitado los resultados ni la falta de consenso sobre objetivos, trazados y prioridades que estos días observamos.

Sobre lo segundo, consciente del riesgo de ser muy políticamente incorrecto, creo que es necesario traer a colación la historia del apoyo público al despliegue del cable en Cataluña durante los años 90. He escrito (ver aquí) más extensamente sobre esta cuestión, por lo que no me extenderé aquí. Sólo para señalar que, a pesar del apoyo institucional de las administraciones catalanas al despliegue del cable, que fue incluso el motivo formal de la constitución de Localret, la tasa de cobertura de la red de cable en Cataluña es de las más bajas de España (como se muestra en la figura adjunta, extraída de un documento reciente de la CMT).

Mejor, por hoy, dejarlo aquí sin más comentario.